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Efectos devastadores en economía informal

Las estimaciones de la OIT sobre el impacto de la pandemia COVID-19 revelan que en América Latina y el Caribe hay una masiva pérdida de ingresos laborales entre las personas con empleo informal, lo cual podría causar un fuerte aumento en las tasas de pobreza relativa que afectaría a casi la mitad de la fuerza de trabajo.

De un total de 292 millones de personas empleadas en América Latina y el Caribe, 158 millones trabajan en condiciones de informalidad, equivalente a una tasa promedio regional de 54%, destacó la nota informativa mundial sobre “La crisis de la COVID-19 y el empleo informal ”, publicado por la OIT.

“La crisis COVID-19 puso al descubierto en forma dramática los problemas asociados a la informalidad en esta región”, dijo el Director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro. “La emergencia sanitaria, el confinamiento, la crisis económica están teniendo un impacto social sin precedentes”.

En América Latina y el Caribe 48% de las personas con empleo informal son trabajadores por cuenta propia, mientras el 31% están ocupados en micro y pequeñas empresas que tienen entre 2 y 9 empleados. Se estima que la crisis dio lugar a una pérdida del 60% de los ingresos de los trabajadores informales a nivel mundial. En América Latina y el Caribe esta pérdida de ingresos fue mayor, y llega al 80%. Eso traerá como consecuencia un aumento de la tasa de pobreza relativa, que según las nuevas estimaciones de la OIT en esta región podría estar aumentando de 36% de los trabajadores informales antes de la crisis de la COVID-19, a 90%, un incremento de 54 puntos porcentuales.

Riesgos para la salud

Los riesgos específicos asociados a la COVID-19 exacerban las principales vulnerabilidades de los trabajadores pobres de la economía informal. En las zonas urbanas, aunque se queden en casa, estos trabajadores y sus familias siguen expuestos al virus debido a las condiciones de vida hacinadas e insalubres que hacen casi imposible el distanciamiento físico. La falta de acceso al agua corriente no sólo limita las posibilidades de lavarse las manos, sino que a menudo obliga a las personas a hacer cola para obtener agua, lo que pone en peligro su propia vida y la de su comunidad. Los trabajadores de la economía informal, en particular en las zonas rurales, están mal informados sobre el virus, sus síntomas y las medidas preventivas como el distanciamiento físico. Si continúan trabajando, no suelen tener acceso a equipos de protección personal ni a instalaciones para el lavado de manos. El distanciamiento físico es difícil de aplicar por quienes trabajan, por ejemplo, como vendedores ambulantes y en mercados, los trabajadores domésticos o los repartidores a domicilio. Para muchos, su hogar es su lugar de trabajo, con las condiciones que se han descrito.

La abrumadora mayoría de trabajadores de la economía informal están más expuestos a riesgos de seguridad y salud en el trabajo, carecen de una protección adecuada y tienen más probabilidades de sufrir enfermedades y accidentes o de morir. La COVID-19 aumenta estos riesgos. Si se enferman, la mayoría de estos trabajadores, incluidos los migrantes, no tienen acceso garantizado a la atención médica ni seguridad de ingresos mediante prestaciones en caso de enfermedad o accidente del trabajo. Si no pueden acceder a la atención médica, el virus se propagará más ampliamente, con consecuencias nefastas. Si pueden acceder a la atención sanitaria, muchos incurrirán en gastos de bolsillo que los obligarán
a endeudarse o a vender sus activos productivos, sumiéndolos en una pobreza más profunda. Antes de la crisis, 100 millones de personas caían anualmente en la pobreza como resultado de los gastos catastróficos en salud. Para muchas otras personas, especialmente en las zonas rurales, los servicios de atención de la salud son inaccesibles. 

“Una de las caras más nefastas de esta pandemia es la de la desigualdad, porque afecta desproporcionalmente a los más pobres, a los que no pueden hacer teletrabajo, que dependen de empleos precarios en los sectores más afectados, y que con frecuencia tienen más limitaciones para cumplir con las medidas de confinamiento”

Vinícius Pinheiro, Director de la OIT

Informalidad en el Perú

En nuestro país el 71% de trabajadores son informales (12’165,900 de personas). Las regiones con mayor  tasa de informalidad son Huancavelica Amazonas, con 91,2 % y 90,6 %, respectivamente; seguidos por Puno (87,5%), Huánuco (87,2%), Cajamarca (86,6%), Apurímac (86,6%) y Ayacucho (85,8%).

La otra cara de la moneda la tiene Moquegua, al registrar solo un 57 % de informales.

Mientras que en Lima y Callao, la informalidad alcanza el 57% y 54% respectivamente; por otro lado, los sectores de agricultura, pesca y minería arrastran una tasa de informalidad de 92,9 % a nivel nacional, concentrando así a 3’968.400 personas. El sector construcción aborda un margen de 78,4 % y engloba a 786.800 trabajadores en todo el Perú. Asimismo, el mayor nivel de informalidad se observa en las zonas rurales del país, con registros del 95,4%, en contraste con el área urbana, que representa un 64,1%.

La informalidad laboral en Perú creció hasta el 71,1% en el tercer trimestre, tres puntos más. Por último existe una «alta brecha salarial» entre las personas que trabajan en empleos formales y las informales, puesto que los primeros ganan una media de 1.716 soles y los segundos, 287 soles.

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